Nueva Ley de Delitos Económicos: impactos y desafíos para las empresas en Chile
El 1 de septiembre de 2024 marcó un antes y un después en el ámbito empresarial chileno con la entrada en vigencia de la nueva Ley de Delitos Económicos (Ley N°21.595). Esta normativa amplia la lista de delitos y establece una serie de responsabilidades penales para las empresas, que deberán adaptarse a un marco legal más estricto y demandante.
Entre los puntos más relevantes de esta ley se encuentran:
1. Ampliación del catálogo de delitos
Los delitos económicos pasan de ser unos 20 a más de 200. Entre estos se incluyen delitos financieros, como estafas y lavado de activos, y nuevas categorías que abarcan aspectos medioambientales y tributarios.
Por ejemplo, una pyme del sector manufacturero puede ser penalizada si no gestiona correctamente sus residuos industriales, ya que la contaminación ambiental es considerada un delito y podría llevar no solo a sanciones administrativas, sino también a la responsabilidad penal de los ejecutivos de la empresa.
2. Responsabilidad penal de las empresas
La ley introduce el concepto de “justicia corporativa”, lo que significa que las empresas son responsables penalmente por delitos cometidos por sus empleados, incluso si no obtuvieron un beneficio directo. Anteriormente, la responsabilidad recaía principalmente sobre las personas.
Por ejemplo, en una empresa de servicios financieros, si uno de sus empleados comete un delito de fraude, manipulando las cuentas de los clientes para su propio beneficio. A pesar de que la empresa no obtiene ganancias, podría enfrentar sanciones graves si demuestra que cuenta con controles internos suficientes para detectar y prevenir este tipo de conducta.
3. Modelos de Prevención de Delitos (MPD)
Para evitar sanciones, las empresas están obligadas a implementar un Modelo de Prevención de Delitos (MPD) efectivo. Este debe incluir políticas y controles, además de fomentar una cultura de cumplimiento y ética dentro de la organización. Estos deben ser supervisados permanentemente y adaptados, para mantenerse vigentes en el tiempo.
Por ejemplo, una empresa de tecnología que maneja datos sensibles de sus clientes. Si no implementa un modelo que prevenga el mal uso de esta información, y un empleado vende esos datos a terceros, la empresa podría ser penalizada. En cambio, si la empresa cuenta con un MPD que incluye capacitación en el manejo de información sensible y un canal de denuncias anónimas, podría quedar exenta de responsabilidad si demuestra que hizo todo lo posible para prevenir el delito.
4. Impacto en la gestión de riesgos
Las empresas deberán auditar internamente sus procesos de manera más rigurosa, capacitar continuamente a sus empleados en temas de ética y cumplimiento, y establecer canales efectivos para la denuncia de irregularidades.
Por ejemplo, en caso que un restaurante contrate a un proveedor para el suministro de productos de limpieza, y el gerente del restaurante acepta un soborno del proveedor a cambio de seleccionar productos de menor calidad a un precio más alto. Si el restaurante no tiene mecanismos de control interno para detectar este tipo de irregularidades, como auditorías de compras y canales para reportar estos casos, podría enfrentarse a sanciones bajo la nueva ley.
5. Sanciones más severas
La ley contempla sanciones que pueden ir desde multas hasta la extinción de la empresa en los casos más graves. Esto representa un cambio radical en cómo se gestionan las infracciones.
Por ejemplo, una empresa que ofrece servicios de consultoría contrata a un gerente financiero que utiliza información privilegiada para hacer negocios personales, generando pérdidas para los clientes. Si la empresa no tiene medidas para evitar este tipo de conductas, podría ser sancionada con una multa basada en sus ingresos, lo que podría poner en peligro su continuidad, especialmente si tiene márgenes de utilidad muy bajos.
¿Cómo afecta a las pymes la nueva normativa?
Para las pymes, uno de los principales desafíos será la implementación de modelos de prevención de delito, ya que esto implica establecer políticas y procedimientos internos que permitan prevenir y detectar actividades ilícitas, los cuales son cruciales para eximirse de responsabilidad penal en caso de incumplimiento.
Sin embargo, dado que suelen tener recursos limitados, esto puede representar un esfuerzo considerable tanto en tiempo e implementación como en inversión.
Por otra parte, la ley establece multas en base a los ingresos de la empresa y no en función de las utilidades. Por tanto, para pymes con márgenes de ganancia reducidos, esto puede ser complejo y difícil de enfrentar.
Si bien todo indica que será compleja su implementación, puede verse también como una oportunidad para fortalecer la gestión interna, ya que adoptar buenas prácticas de cumplimiento no solo evita sanciones, sino que también mejora la reputación y competitividad de la empresa.
